Iniciativa Nº 10.131: ESTABLECE LEGALIDAD DEL IMPUESTO AL LUJO Y DISPONE FISCALIZACION Y SANCIONES PENALES POR OBTENCION IRREGULAR DE SUBSIDIOS.
Se trata de promover la recaudación fiscal en algo que parece obvio: gravando el lujo. Asimismo, evitar el mal uso de subsidios del Estado.
Esta propuesta cuenta con
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Tipo de propuesta
Modificación de Artículo Nº 16.30, Capítulo II: Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales
Propuesta de artículo
Artículo Anteproyecto
La Constitución asegura a todas las personas:
La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley y la igual repartición y proporcionalidad de las demás cargas públicas legales.
a) La ley no podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos.
b) Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado.
c) Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. Asimismo, la ley podrá autorizar que determinados tributos que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo.
Argumentos que respaldan la propuesta
En un países en vías de desarrollo, y máxime cuando existen muchos compatriotas que luchan día a día por una vida cercana a la supervivencia, es imprescindible que la recaudación fiscal contemple un impuesto al lujo. Si bien este existe en alguna modalidad, conviene consagrarlo de manera expresa, para expresar que no existe desproporcionalidad alguna en su establecimiento, tocando al legislador determinar que cosas se encuentran dentro de la categoría.
Como contrapartida, quienes reciban cualquier tipo de subsidios, quedarán sujetos a la potestad fiscalizadora del Estado para determinar la verdad o falsedad de sus asertos, y a las sanciones penales que deben establecerse, para evitar abusos de quienes, teniendo recursos, opten por usar los del Estado.
Esta es una propuesta de
Pamela Heredia G.