El Estado fomenta un desarrollo país integral en el territorio, en las siguientes dimensiones:

a) Social, en relación con propiciar una convivencia sana y respetuosa entre los diferentes grupos sociales que componen la sociedad, sin discriminación por edad, género, etnia ni nivel socioeconómico, capaz de establecer cohesión social en el territorio, a partir del respeto irrestricto de los derechos humanos, los derechos fundamentales consagrados en esta Constitución y de la dignidad humana. Se sustenta en la equidad, justicia, solidaridad y bienestar personal y comunitario. La ley y la política pública deben propiciar la autonomía personal en cuanto a sus derechos y deberes para sí mismo y para la sociedad, y estimular la participación de las personas en la sociedad desde su auto-organización, siempre en respeto del bien común, de la democracia y las leyes.

b) Económica, capaz de generar una matriz productiva, en base al modelo de economía circular, que sea próspera para la sociedad con negocios honestos y respetuosos del medioambiente y la dignidad humana; con empresas respetuosas de los derechos laborales de sus trabajadores; con salarios justos que permitan la satisfacción de las necesidades humanas básicas; con acceso a capacitaciones que estimulen el desarrollo profesional de las y los trabajadores; y con bienes y servicios seguros, saludables Se sustenta en los valores de colaboración, inclusión, eficiencia, resiliencia, adaptabilidad, participación y responsabilidad ambiental. La ley y la política pública deben propiciar instituciones públicas y privadas de producción de bienes y servicios responsables con las personas y la naturaleza.

c) Ecológica, que contemple un uso razonable de los recursos naturales y respete los ecosistemas para una convivencia sostenible en el tiempo entre los asentamientos humanos en territorio urbano y rural, y la vida de las especies de flora y fauna que son parte del patrimonio natural de nuestro país. La ley y la política pública deben generar medidas de protección y mantención de los diversos ecosistemas, y reparación en los casos en que ocurra algún daño a estos.

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El Estado debe fomentar el desarrollo sostenible, armónico y solidario del territorio nacional, instando a la colaboración privada en dicha tarea.