La Constitución asegura a todas las personas:

El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

a) Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales y la seguridad de la Nación, la utilidad y la salubridad pública, la conservación del patrimonio ambiental y el desarrollo sostenible.

b) Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado.

c) La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión.

d) El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas.

e) Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el literal precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que deberá ser de quorum calificado. La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplará causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso, dichas causales y sus efectos deben estar establecidos al momento de otorgarse la concesión.

f) Será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de tales concesiones. Las controversias que se produzcan respecto de la caducidad o extinción del dominio sobre la concesión serán resueltas por ellos y, en caso de caducidad, el afectado podrá requerir a la justicia la declaración de subsistencia de su derecho.

g) El dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este inciso.

h) La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo. Esta norma se aplicará también a los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad del país. El Presidente de la República podrá poner término, en cualquier tiempo, sin expresión de causa y con la indemnización que corresponda, a las concesiones administrativas o a los contratos de operación relativos a explotaciones ubicadas en zonas declaradas de importancia para la seguridad del país.

i) Las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la Nación. En función del interés público se constituirán derechos de aprovechamiento sobre las aguas, los que podrán ser limitados en su ejercicio, de conformidad con la ley. El derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas que confiere a su titular el uso y goce de ellas, de conformidad con las reglas, temporalidad, requisitos y limitaciones que prescribe la ley.

j) Las empresas Codelco y ENAMI se declaran de propiedad estatal a través de la presente Constitución, tanto de su propiedad, patrimonio y ganancias económicas que generan, sin posibilidad que capitales privados accedan a su propiedad ni ganancias económicas. Ambas empresas podrán reinvertir parte de sus ganancias en exploración, explotación, mantención y ampliación de proyectos mineros e industriales, ya en funcionamiento así como respecto de otros nuevos, tanto en el territorio nacional como extranjero, en pro de lograr una mejor comercialización de sus productos.

k) El Estado de Chile seguirá obteniendo recursos de tales empresas para financiar el erario, pero con el límite de mantener los recursos financieros necesarios para mantener plenamente las operaciones de Codelco y ENAMI, en base a sus objetivos fundacionales. El Estado procurará aportar los recursos financieros, administrativos, legislativos, relativos a propiedad minera y todos aquellos necesarios, para que ambas empresas aumenten su participación comercial tanto en el mercado nacional como el extranjero.

El Estado desarrollará una política de creación y funcionamiento de sistema nacional de fundiciones para beneficio de minerales considerando los parámetros medioambientales, a fin de lograr la obtención de Metales Preciosos, Semipreciosos, Tierras Raras y cualquier otro producto y subproducto mineralógico que se halle en los minerales procesados y beneficiados.

l) La Constitución considerará la elaboración de un Estatuto para la Minería de Pequeña Escala, que rija y proteja la génesis, desarrollo y mantención en el tiempo de la actividad minera en escalas Pequeña, Artesanal y Pirquinera, en todas sus etapas productivas, de beneficio y comerciales, tanto en territorio nacional como extranjero. Para definir la Minería de Pequeña Escala, se considerará aquellas faenas que comercialicen menos de 5.000 toneladas mensuales de mineral, sea metálico y no metálico. Dicho Estatuto tendrá por objetivo la promoción de la actividad minera en Pequeña Escala, contando con todo el financiamiento que requiera anualmente de parte del Poder Ejecutivo y sus Ministerios, para llevar adelante las obras de promoción, desarrollo, beneficio, fundición y comercialización (nacional y extranjera) de los productos mineros de las escalas Pequeña y Artesanal. Para la elaboración de dicho Estatuto serán citados, con derecho a voz y voto, los Presidentes de las Asociaciones Gremiales Mineras que reúnan a Pequeños Mineros, Mineros Artesanales y Pirquineros; en su ausencia, participarán sus suplentes. Tal Estatuto reemplazará a toda aquella legislación anterior que haya regido a la Minería de Pequeña Escala. El cumplimiento de tal Estatuto para la minería de Pequeña Escala estará a cargo de un Directorio integrado por: 1) los Presidentes de las Asociaciones Gremiales Mineras, 2) Presidentes de Asociaciones que reúnan a mineros Artesanales, 3) Presidentes de Asociaciones que reúnan a Pirquineros, 4) Vicepresidente ejecutivo de ENAMI. En el caso de Asociaciones y/o Agrupaciones Mineras, será requisito para que su Presidente integre este Directorio de Estatuto de la Minería de Pequeña Escala, contar con personalidad jurídica vigente, tener rendidos sus balances financieros ante el Ministerio de Economía así como ante el Ministerio de Minería, como también certificar que en su institución se realizan elecciones periódicas y conforme a la legislación vigente, para lograr la elección del Directorio que encabeza cada Asociación. En caso que algún miembro de tal Directorio de Estatuto de la Minería de Pequeña Escala realice acciones o bien omisiones que perjudiquen el desarrollo adecuado de la Minería de Pequeña Escala, será removido de su cargo, luego de: 1) veto fundamentado presentado por 01 miembro del Directorio, 2) que se comprueben ante el Directorio, como ciertas las acusaciones presentadas en contra del Director en cuestión. Asumirá en reemplazo del Director removido, el Dirigente o Funcionario de su respectiva institución, que lo secunde en jerarquía. Respecto de votaciones para decidir las directrices y partidas de financiamiento para la operacionalización y cumplimiento de dicho Estatuto de la Minería de Pequeña Escala, cada integrante tendrá derecho a voz y voto.

m) A fin de promover la operacionalización de distritos mineros que actualmente se hayan cautivos, a manos de la Minería de escala Grande y Mediana, es que el Estado estará autorizado a realizar todas las acciones necesarias para que Codelco , ENAMI y Productores Mineros de Pequeña Escala accedan a la exploración y explotación de tales concesiones, en vista a ponerlas en operacionalización.

n) Del momento que una manifestación, así como un pedimento minero, sean inscritos en el registro de descubrimiento de minas pertinente, tendrán todas las servidumbres y servicios que el Productor Minero requiera para lograr poner en funcionamiento sus labores de explotación y exploración, según corresponda. Esto será aceptado sin reclamaciones ni demoras por todas las instituciones públicas y privadas ante las cuales el Productor Minero deba gestionar permisos y autorizaciones para su trabajo. El dueño del predio superficial no podrá interponer recurso judicial alguno contra la servidumbre que deba prestar su predio al Productor Minero.

Tales servidumbres y servicios que gravarán el suelo del predio superficial, así como otros bienes materiales e inmateriales requeridos por el Productor Minero para la operacionalización de su faena , se considerarán ya pagadas del momento que la patente anual minera de la respectiva concesión ya está pagada y al día.

o) Sernageomin, Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República serán instituciones que protejan y faciliten la actividad Minera de Pequeña Escala. El Servicio Nacional de Geología y Minería deberá actuar entendiendo que el Minero de Pequeña Escala no cuenta con los mismos recursos financieros de la minería de escalas Grande y Mediana, por lo cual dará atención preferencial y atingente a Mineros de Pequeña Escala.

La Constitución asegura a todas las personas:

El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

a) Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales y la seguridad de la Nación, la utilidad y la salubridad pública, la conservación del patrimonio ambiental y el desarrollo sostenible.

b) Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado.

c) La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión.

d) El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas.

e) Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el literal precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que deberá ser de quorum calificado. La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplará causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso, dichas causales y sus efectos deben estar establecidos al momento de otorgarse la concesión.

f) Será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de tales concesiones. Las controversias que se produzcan respecto de la caducidad o extinción del dominio sobre la concesión serán resueltas por ellos y, en caso de caducidad, el afectado podrá requerir a la justicia la declaración de subsistencia de su derecho.

g) El dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este inciso.

h) La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo. Esta norma se aplicará también a los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad del país. El Presidente de la República podrá poner término, en cualquier tiempo, sin expresión de causa y con la indemnización que corresponda, a las concesiones administrativas o a los contratos de operación relativos a explotaciones ubicadas en zonas declaradas de importancia para la seguridad del país.

i) Las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la Nación. En función del interés público se constituirán derechos de aprovechamiento sobre las aguas, los que podrán ser limitados en su ejercicio, de conformidad con la ley. El derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas que confiere a su titular el uso y goce de ellas, de conformidad con las reglas, temporalidad, requisitos y limitaciones que prescribe la ley.