Iniciativa Nº 10.571: Calidad de Políticas Públicas y Programas para la Modernización del Estado
Se propone la creación de la Agencia de Calidad de Políticas Públicas y Programas e incorporar la evaluación de desempeño de los funcionarios públicas
Tipo de propuesta
Agregar artículo a Capítulo V: Gobierno y Administración del Estado
Propuesta de nuevo artículo
Se propone incorporar un nuevo artículo para crear la Agencia de Calidad de Políticas Públicas y Programas, organismo autónomo y de carácter técnico, que deberá velar por la calidad de las políticas y programas.
1. La Agencia de Calidad de Políticas Públicas y Programas será un organismo autónomo, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto la promoción de la calidad regulatoria y de programas públicos. Una ley institucional determinará su composición, organización, funciones y atribuciones.
2. Dicha agencia deberá establecer estándares y procedimientos objetivos, que aseguren la calidad y el cumplimiento de los objetivos de una política o programa, dictará los lineamientos para la elaboración de los informes de evaluación ex ante de impacto regulatorio que deberán acompañarse al momento del ingreso de los mensajes y mociones al Congreso Nacional, y podrá pronunciarse sobre los mismos. Asimismo, deberá promover y realizar evaluaciones ex post de los programas, regulaciones e iniciativas de inversión. En este sentido, deberá evaluar periódicamente, según el plazo que disponga la ley institucional el que no podrá exceder de 4 años, la focalización, eficacia, eficiencia e impacto de los programas que se encuentren siendo ejecutados por las distintas reparticiones públicas. La Agencia deberá exigir mejoras a la primera evaluación deficiente y asegurarse el término del programa/proyecto si hay dos evaluaciones deficientes consecutivas. Todo programa deberá tener un plazo fijo, con posible renovación en caso de mostrar ser eficiente y necesario. Finalmente, deberá definir el ámbito de la participación de expertos, involucrados, agentes regulados, y sociedad civil, tanto en el proceso pre-legislativo, legislativo como de evaluación ex post.
3. Las evaluaciones serán públicas, y deberán realizarse en base a criterios objetivos, considerando, al menos, aspectos organizacionales, para evitar la fragmentación, duplicidad o traslape de programas; como también criterios de personal; presupuestarios, de asignación y uso de recursos y nuevas tecnologías. En los casos en que un programa resulte con evaluación deficiente en dos periodos consecutivos, la Agencia de Calidad de Políticas Públicas y Programas deberá establecer un plazo para la implementación de mejoras. Transcurrido el plazo, de continuar con evaluación deficiente, se le pondrá término al programa, en el tiempo y forma que disponga la ley institucional.
Adicionalmente, se propone modificar el artículo 112, quedando del siguiente tenor:
1. La ley establecerá un régimen general de la función pública, sobre la base de un sistema de selección público, de libre e igualitario acceso, competitivo, inclusivo, no discriminatorio, transparente, imparcial, ágil, que privilegie el mérito de los postulantes, la capacidad profesional, la probidad y experiencia, y la especialidad e idoneidad para el cargo, observando criterios objetivos y predeterminados.
2. La ley deberá establecer los principios de carácter técnico y profesional de este régimen, las normas sobre estabilidad en el cargo o empleo, los derechos y deberes de los funcionarios públicos, el perfeccionamiento continuo de sus integrantes, los procesos de movilidad al interior de los órganos del Estado y entre ellos, y deberá garantizar la continuidad del servicio público, orientado a entregar una buena administración pública con estándares de excelencia.
3. Los sistemas de ingreso, promoción, evaluación y cese en estas funciones y empleos, salvo las excepciones señaladas, deberán orientarse al correcto desempeño de la función pública y respetar el carácter técnico y profesional de estas funciones y empleos. En cuanto a las evaluaciones de desempeño, éstas deberán realizarse de manera periódica y estar basadas en parámetros objetivos, tomando en cuenta los resultados y metas obtenidos en el ejercicio de su función.”.
Argumentos que respaldan la propuesta
La Modernización del Estado -sus instituciones, regulaciones y gestión- es uno de los desafíos más relevantes para alcanzar el objetivo de hacer de Chile un país de oportunidades e inclusivo, impulsar la actividad empresarial a través de un crecimiento económico integrador y sostenible, y de esta forma contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas.
Las políticas públicas en general, y las leyes en particular, son herramientas fundamentales para promover el bienestar y las oportunidades equitativas de desarrollo. Regulaciones de buena calidad permiten el crecimiento sostenible, crear empleos de calidad, inversiones, emprendimientos, innovación y apertura del mercado. La evidencia muestra una fuerte correlación entre la calidad regulatoria y de la gobernanza con el crecimiento económico y el ingreso per cápita. Así, un buen proceso de generación de políticas públicas institucionalizado, dinámico y participativo permite evolucionar hacia un Estado moderno y ágil. La falta de una política regulatoria integral en Chile, sumado a la complejidad del stock regulatorio y a la falta de una evaluación sistemática del impacto de las regulaciones está dañando nuestra competitividad y productividad, y limitando el crecimiento económico y bienestar de la población. Una nueva Constitución ofrece la oportunidad de habilitar un proceso de formación de políticas públicas con fortaleza institucional.
Del análisis del anteproyecto se desprende que la eficiencia en el uso de los recursos públicos y el proceso de formación y evaluación de políticas públicas y programas no se encuentran adecuadamente desarrollados, por lo que se propone crear la Agencia de Calidad de Políticas Públicas y Programas, organismo autónomo y de carácter técnico, que deberá velar por la calidad de las políticas públicas y favorecer el uso racional de los recursos públicos, impulsando así la mejora en la calidad de los servicios.
Por otro lado, las sociedades modernas exigen cada vez más y mejores servicios, forzando al Estado a desplegar con eficacia un conjunto de tareas que crece en número y complejidad. Por lo anterior, la administración del Estado debe tender a que su integración consista en servidores públicos con alta capacidad técnica, capaces de materializar dichos servicios. Así, aspiramos avanzar hacia un Estado inspirado en la meritocracia y la excelencia, donde se fomente la mayor transparencia posible, y dotado de mecanismos de evaluación de desempeño a quienes ejercen la función pública.
Del análisis del anteproyecto de Constitución se observa la falta de estos elementos. En efecto, el anteproyecto no establece la existencia de mecanismos de evaluación de desempeño a quienes ejercen la función pública, ni una medición de resultados y metas alcanzadas. Por su parte, tampoco se consagra el derecho a que la sociedad cuente con una buena administración pública con estándares de excelencia.
Esta es una propuesta de
Sociedad de Fomento Fabril F.G. Poner a las personas en el centro de la actividad empresarial y hacer de Chile un país de oportunidades.
Representada por
Rodrigo Mujica V.