La Constitución asegura a todas las personas el derecho a no ser sometida/o a

desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, exilio, o relegación.

Asimismo, se asegura a todas las personas el derecho a la verdad, a la justicia, a

la reparación y a las garantías de no repetición, ante las violaciones graves,

masivas y sistemáticas a los derechos humanos que sufran.

Dentro de este derecho existirá un deber de perseguir las violaciones referidas

cuando ocurran, asegurando la incoación de investigaciones oportunas, eficaces y

rigurosas; asegurándose, asimismo, la proporcionalidad de las sanciones que se

impongan a los responsables de aquéllas, no pudiendo proceder respecto de

éstos últimos ninguna clase de indulto, rebaja de pena o medida que sea

expresión de impunidad.

Sus acciones penales y civiles tendrán el carácter de imprescriptibles y

la responsabilidad no podrá ser objeto de amnistía, prohibiéndose el uso de la

justicia militar para su investigación y sanción, debiendo ser conocida por una juez

natural y establecido previamente por ley. Las víctimas directas e indirectas de

estas violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos tendrán

el derecho de participar en todas las instancias que se generen.

El Estado de Chile estará obligado a tipificar conductas constitutivas de graves

violaciones a los derechos humanos como delitos en el ordenamiento jurídico

interno y a proveer activamente información y establecer y respetar el derecho al

habeas data.

También, el Estado deberá cooperar con terceros Estados y con organizaciones

internacionales jurisdiccionales en materia de ayuda, información, extradición y

activación de los principios de jurisdicción universal.

Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de quince

años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, o de

rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos

funciones de enseñanza; para explotar un medio de comunicación social o ser

director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones

relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones; ni podrá ser

dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de

carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en

general, durante dicho plazo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otras

inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley.