Iniciativa Nº 1.367: Control igualitario de los organismos del Estado e igualdad ante la Ley
Establecer un control jerárquico y ético al Ministerio Publico para evitar la vulneración de derechos fundamentales
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Agregar artículo a Capítulo IX: Ministerio Público
Propuesta de nuevo artículo
El Ministerio Público, en su calidad de organismo autónomo, tendrá un presupuesto anual igual al otorgado a la Defensoría Penal Pública, a fin de asegurar acceso igualitario a la justicia en las investigaciones y procesos que realice el MP.
El Ministerio Público y cualquiera de sus funcionarios y organismos colaboradores, como las policías, tendrán absolutamente prohibido informar a la prensa o por redes sociales o de cualquier forma los temas y personas que estén investigando, sus nombres, imputaciones, formalizaciones o cualquier antecedente que se refiera a la materia en investigación durante las diligencias preliminares, durante el proceso judicial y en cualquier momento posterior a la condena, si esta se produjera. Quien sea sorprendido entregando antecedentes a la prensa, redes sociales o terceros ajenos a la causa será inmediatamente separado de su cargo, sin derecho a indemnización. Tampoco podrán dar entrevistas o conferencias de prensa, ni emitir declaraciones de ningún tipo, ya que el derecho de referirse a una causa ya ejecutoriada será exclusiva de los Ministros de la Corte Suprema. Esta prohibición se hace extensiva a los funcionarios de Gendarmería.
Argumentos que respaldan la propuesta
El reciente caso Macaya y otros de impacto nacional, además de aquellos que han sido parte del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública ( http://www.proyectoinocentes.cl/ ), demuestra que los fiscales, policías y gendarmes usan los medios de comunicación y redes sociales para "filtrar" imágenes, nombres, antecedentes reservados, con la única intención de generar una reacción social adversa que sirva de presión a los jueces y ministros que deberán fallar en el caso. Al no estar sujetos al control del Ministerio de Justicia y actuar en forma autónoma, los fiscales se han transformado en "justicieros" en busca de obtener fallos favorables usando cualquier resquicio, aun cuando con ello ponen en riesgo hasta la vida del o los/las imputados/as y sus familias. Además resulta discriminatorio que tengan presupuesto propio, en circunstancias de que su par, la Defensoría Penal Pública, sí está sujeta a presupuesto y supervisión del Ministerio Público. Asimismo las policías y los fiscales filtran al exterior imágenes de los imputados y sus domicilios en el momento de su detención, incluso filmando el interior de las casas, lo que pone en riesgo de vida a todo el entorno del acusado. Y de lo que suceda nadie se hace responsable. Del mismo modo, los gendarmes suelen ingresar a los imputados a los módulos de prisión preventiva o de condena, gritando a viva voz el delito del que son acusados, con el único fin de obtener una reacción violenta de los demás presos,. En especial si se trata de delitos sexuales o son inmigrantes.
Esta es una propuesta de
Luisa Miranda M.