1. Las víctimas y la comunidad tienen derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando constituyan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o despojo territorial.

2. La desaparición forzada, la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el crimen de agresión son imprescriptibles e inamnistiables.

3. Son obligaciones del Estado prevenir, investigar, sancionar e impedir la impunidad. Tales crímenes deben ser investigados de oficio, con la debida diligencia, seriedad, rapidez, independencia e imparcialidad. La investigación de estos hechos no será susceptible de impedimento alguno.

4. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen derecho a la reparación integral.

5. El Estado garantiza el derecho a la memoria y su relación con las garantías de no repetición y los derechos a la verdad, justicia y reparación integral. Es deber del Estado preservar la memoria y garantizar el acceso a los archivos y documentos, en sus distintos soportes y contenidos. Los sitios de memoria y memoriales son objeto de especial protección y se asegura su preservación y sostenibilidad.

6. El estado creara una linea de tiempo histórica basada en hechos empíricos y comprobables que dilucidé lo ocurrido en chile entre los años 1960 y 2000. Con especial énfasis en las personas asesinadas por agentes del estado o fuerzas paramilitares del estado, despojadas de tierra, la intervención extranjera y su rol en la desestabilización económica, política y social, el robo de dinero fiscal por parte de agentes del estado, la entrada de la pasta base a Chile, la privatización de empresas estatales a privados sin respetar la imparcialidad entre el gobernante y los privados beneficiarios y otros ítems establecidos por ley. Esta linea de tiempo será de acceso publico y gratuito, facilitara el acceso a las pruebas de los hechos que se afirman y deberá ser difundida en cada establecimiento educacional, según establezca esta constitución y las leyes.