Iniciativa Nº 2.931: Prevalencia del derecho al agua para uso humano y/o doméstico, y el deber del Estado de garantizar este derecho a las generaciones actuales y futuras.
Suma a la Norma 16.29 la obligación constitucional de incluir la dinámica demográfica territorial para cumplirla, y de la gestión de las aguas necesar
Tipo de propuesta
Modificación de Artículo Nº 16.29, Capítulo II: Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales
Propuesta de artículo
Artículo Anteproyecto
La Constitución asegura a todas las personas:
El derecho al agua y al saneamiento, de conformidad a la ley. Es deber del Estado garantizar este derecho a las generaciones actuales y futuras.
Prevalecerá su uso para el consumo humano y para el uso doméstico suficiente.
Argumentos que respaldan la propuesta
Se debe entender que el concepto de "deber del Estado garantizar este derecho a las generaciones actuales y futuras", contiene también una responsabilidad sobre la dinámica poblacional que ocurren en sectores urbanos y rurales que presionan sobre la disponibilidad del bien en su beneficio, y no una mera declaración de intenciones. El agua necesaria para cumplir con este precepto, es muy distinta a 43 años del Código actual. Sólo en la Región Metropolitana, la población de 1980, de 4 millones de habitantes aumentó a casi 7 millones, dando presión a la cuenca del Maipo para sostener su consumo. Esto sucede en muchas regiones y comunas del país, donde los caudales principales ya no pueden asegurar ese uso preferente al consumo humano, y ya ni siquiera cumpliendo el concepto de caudal ecológico que consagra el Código de Aguas. Basta ver los hilos de agua de muchos de los ríos y esteros del Norte Chico, Valle Central y Centro Sur que a su paso por la ruta 5 muestran lo irreal de este precepto. La Constitución actual ya en 1980 consagró el concepto de propiedad del derecho de aguas, haciendo imposible un cumplimiento del derecho prevalente al uso humano y/o doméstico, a tal punto que no pueden ni siquiera asegurar los caudales ecológicos. Debe disponerse constitucionalmente la obligatoriedad del Estado de asegurar el uso prevalente para uso humano y/o doméstico, incorporando el concepto de dinámica poblacional a fin de no mantenerse estático ante cambios demográficos importantes en los territorios, y la forma de obtener los caudales necesarios para cumplir con su obligación.
Esta es una propuesta de
Daniel Álvarez J.