La Constitución asegura a todas las personas:

El acceso a la justicia, con el objeto de que sus derechos sean amparados de manera efectiva. Esto comprende la información y los medios necesarios para ejercerlos; la existencia de servicios legales y/o judiciales, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y la adopción de las medidas necesarias que permitan su realización.

Toda persona tiene derecho a:

1. decidir libremente, la forma en que representará sus derechos en juicio, lo que implica, la libertad de decidir si esto lo realizará de forma personal, haciéndolo en forma directa, con o sin asistencia legal, y/o a través de representación legal por medio de abogado.

2. defensa jurídica será en conformidad a la ley, con las adecuaciones que se requieran, al hacer un análisis previo bajo el principio de proporcionalidad, discriminación arbitraria e igualdad en el ejercicio de los derechos.

3. Es deber del Estado brindar asistencia letrada y gratuita, a toda persona que no pueda obtenerla por sí misma, la cual deberá ser de la misma calidad y características para ambas partes, cuando fuere requerido.

4. Ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida.

5. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos.

El Estado, en conformidad a la ley, proporcionará asistencia técnica y/o defensa penal a los imputados por hechos que pudiesen ser constitutivos de crimen, simple delito o faltas y que carezcan de medios, para proveérselas, ningún imputado se le impondrá la representación por parte de letrado, pero si se le proporcionara asistencia técnica letrada y/o representación en juicio si la requiere.

Todo imputado declarado inocente, absuelto o sobreseído, de los cargos será restituido en el mismo juicio por el estado, de los daños provocados en su contra por la imputación realizada por el ministerio público, por cuanto el juez deberá analizar los daños proferidos, solicitando al imputado, le indique, en que se vio perjudicado. Independiente de lo anterior todo imputado, tendrá derecho a entablar acciones para lograr una real compensación de los daños, que se le generare por una imputación falsa.

Toda víctima, podrá ejercer acciones en forma personal, con o sin asistencia técnica letrada y/o representación, para en la misma acción inicial, pueda ser restituida del daño sufrido.

Toda persona natural víctimas de delitos dispondrán de asesoría y/o defensa jurídica gratuitas, a efectos de ejercer la acción penal cuando corresponda, y el estado deberá proporcionarla, cuando se le solicite.

La Constitución asegura a todas las personas:

El acceso a la justicia, con el objeto de que sus derechos sean amparados de manera efectiva. Esto comprende la información y los medios necesarios para ejercerlos; la existencia de servicios legales y judiciales, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y la adopción de las medidas necesarias que permitan su realización.

Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale. Es deber del Estado brindar asistencia letrada y gratuita, a toda persona que no pueda obtenerla por sí misma, en la forma que establezca la ley. Ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos.

El Estado, en conformidad a la ley, proporcionará defensa penal a los imputados por hechos que pudiesen ser constitutivos de crimen, simple delito o faltas y que carezcan de defensa letrada.

La ley señalará los casos y la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efectos de ejercer la acción penal cuando corresponda.