Iniciativa Nº 4.911: Protección a la información de identidad digital
La protección de identidad y datos digitales personales ante su vulneración deben ser un derecho constitucional
Esta propuesta cuenta con
50 Apoyos de la Ciudadanía
Ya no se aceptan más apoyos
Tipo de propuesta
Modificación de Artículo Nº 16.12, Capítulo II: Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales
Propuesta de artículo
Artículo Anteproyecto
La Constitución asegura a todas las personas:
El derecho al respeto y protección de sus datos personales y de su seguridad informática y digital. El tratamiento de datos personales solo podrá realizarse en los casos y bajo las condiciones establecidas en la ley.
Argumentos que respaldan la propuesta
En este sentido, la constitución no sólo debe proveer de las garantías que el derecho permite a la seguridad, sino que es la constitución el aparato fundamental para defender a la ciudadana/o cuando esta privacidad es vulnerada. Aquí el punto constitucional es que el respeto y valoración de la legitimidad esta en que el ciudadano sea capaz de defenderse son su carta magna, asumiendo que es responsabilidad del sector público y privado para su desarrollo económico consultar la voluntad del ciudadano a facilitar su identidad en aspectos limitados.
Mi postura es debido a que la participación en la era digital implica habilitar permisos a vida privada digital, la cual si bien es trabajada contundentemente por el sector público y privado, igualmente la claridad de venta de bases de datos a través de permisos de uso no son clarificados al ciudadano de manera directa. Me explico, asumiendo que cada vez que permitimos compartir datos esto se acompaña por documentos legales que explican el uso de dicha información, sin embargo, los archivos tiene una lectura legal que no estructura en lenguaje claro a quien admite las implicancias de esta decisión.
Finalmente, la aclaración de admisión a entregar información debe ser limitada a aspectos mínimos de reconocimiento, los cuales deben ser expuestos de forma inmediata al ciudadano (tanto en sus aspectos económicos como de seguridad personal), y si de ellos existe una vulneración, más allá de actuación del estado, el ciudadano debe tener el derecho a solicitar la restitución a los efectos negativos causados.
Esta es una propuesta de
Independiente
Representada por
Juan Ahumada S.