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Tipo de propuesta

Agregar artículo a Capítulo II: Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales

Propuesta de nuevo artículo

Argumentos que respaldan la propuesta

La incorporación de tecnologías así como el acceso a las comunicaciones digitales, ha concebido una nueva forma de relacionarnos entre las personas y a su turno, con el Estado. No obstante, en la actualidad nuestra legislación no reconoce formalmente derechos digitales a nivel constitucional. Más bien ha sido la ley la encargada de ir avanzando en la regulación, amparada en normas técnicas y estándares sobre la operación de los sistemas, en el ciberespacio. Recientemente y a propósito de la ley de transformación digital del Estado; la correspondiente en modificar los delitos informáticos con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest; así como la actual tramitación de las iniciativas sobre perfeccionamiento de las normas relativas al tratamiento de los datos personales; la ley marco sobre ciberseguridad como la que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, en sus distintos ámbitos de aplicación; o la impulsada de manera inédita sobre protección de los neuroderechos, ciertamente han marcado un camino decidido en nuestro país en la materia. Si bien “la modernización del Estado es una tarea continua y permanente que se encuadra dentro del principio rector de estar al servicio de las personas y que a cada gobierno le ha correspondido realizar avances en diversos ámbitos”, lo que se requiere verdaderamente es dar un paso más allá, impulsando “(...) un cambio de paradigma en la forma como el Estado concibe su actuar tanto entre órganos de la Administración del Estado como al relacionarse con terceros, ya sean ciudadanos o personas jurídicas” (Boletín N° 18.882-06, 2018). Es por ello, que resulta pertinente que las bases de las relaciones entre el Estado, los ciudadanos y quienes se desempeñan en la función pública, cuenten con el reconocimiento expreso de un mínimo de garantías que les permitan ejercer sus derechos de manera oficial, segura y responsable.

Entendiendo que la identidad y el domicilio digital son condiciones necesarias para asegurar el derecho de toda persona a relacionarse digitalmente con el Estado, se propone consagrar que el Estado velará por los derechos de las personas en el ciberespacio, para lo cual proveerá de los medios de identificación, validación y autenticación para su ejercicio además de una dirección digital donde se podrá informar de todos sus actos y notificaciones.

Siendo importante agregar que el Estado asegurará la interoperabilidad de todos sus organismos y servicios, acción que a su turno, deberá concordarse con lo establecido en el artículo 16 numero 12 del anteproyecto, en lo referido al tratamiento de datos del usuario.

Esta es una propuesta de

Representada por

Andrés Chacón R.