Iniciativa Nº 5.583: Exclusión de Representantes Políticos de la Administración Directa y Selección de Servicios Privados
La ideología de la política influye negativamente sobre la eficiencia y eficacia, necesitamos cambiar los incentivos.
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Agregar artículo a Capítulo V: Gobierno y Administración del Estado
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Título: Exclusión de Representantes Políticos de la Administración Directa y Selección de Servicios Privados
Artículo XX: Objeto del Título
Esta ley tiene por objeto establecer un requisito para el funcionamiento del Estado que excluya gradualmente la participación de los representantes políticos en la administración directa de activos y en la selección de servicios privados de administración. El propósito es promover la imparcialidad, eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos.
Artículo XX: Definiciones
Se entenderá por "representantes políticos" a aquellos funcionarios que ocupen cargos de elección popular, miembros del gobierno, legisladores, miembros de partidos políticos y cualquier otro cargo público de naturaleza política.
"Administración directa de recursos monetarios" se refiere a la gestión, control y manejo directo de los fondos públicos por parte de los representantes políticos, incluyendo la toma de decisiones relacionadas con su asignación, distribución y gasto.
"Selección de servicios privados de administración" se refiere al proceso de contratación y adjudicación de servicios prestados por entidades privadas para la gestión y administración de recursos públicos.
Artículo XX: Prohibición de administración directa de recursos monetarios
Queda prohibido a los representantes políticos desempeñar funciones de administración directa de recursos monetarios del Estado.
Los representantes políticos no podrán tomar decisiones relacionadas con la asignación, distribución, inversión o gasto de los fondos públicos.
Artículo XX: Prohibición de participación en selección de servicios privados de administración.
Los representantes políticos no podrán participar en el proceso de selección, contratación y evaluación de servicios privados de administración.
Se establecerá un órgano independiente y especializado encargado de la selección y contratación de servicios privados de administración. Este órgano estará compuesto por expertos en la materia y estará libre de influencias políticas. Además, se deberá cumplir con las normas internacionales de gestión integral de riesgos, incluyendo los aspectos de calidad, seguridad, salud, información, conocimiento y medio ambiente.
Artículo XX: Evaluación de eficiencia y eficacia de los servicios públicos
Se promoverá la implementación de prácticas de gestión internacional para evaluar la eficiencia y eficacia de los servicios públicos.
Se fomentará la gradual implementación de aspectos culturales y técnicos de transformación digital, que incluye inteligencia artificial, en la prestación de servicios públicos, con el objetivo de mejorar su eficiencia y calidad.
Las entidades privadas deberán presentar reportes mensuales que demuestren la eficiencia y eficacia de la gestión lograda, especialmente en relación con los indicadores acordados en el contrato.
Artículo XX: Sanciones
El incumplimiento de las disposiciones por parte de los representantes políticos será sancionado de acuerdo con la legislación vigente, pudiendo incluir la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Las entidades privadas que permitan la participación indebida de representantes políticos en la selección de servicios de administración podrán ser sancionadas de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes.
Artículo XX: Disposiciones finales
Los representantes de los poderes del Estado estarán facultados para dictar las normas reglamentarias necesarias para la pronta aplicación y cumplimiento de estas obligaciones, en especial en lo referente a la forma y requisitos mínimos que los representantes políticos deben cumplir para garantizar el cumplimiento de estos principios.
Argumentos que respaldan la propuesta
Es evidente que la actual situación de gasto del Estado está creciendo sin el suficiente resguardo, lo cual impacta negativamente en las libertades de los ciudadanos. Además, resulta evidente que los actuales presupuestos de 84 mil millones de dólares anuales generan un incentivo inadecuado para la clase política, la cual en su mayoría se ve influenciada por las ideologías políticas de Izquierda y Derecha en sus equipos de operaciones. Este cambio propuesto podría traer consigo ahorros, transparencia y eficiencia en la administración de los recursos de nuestra nación.
Adicionalmente, la prohibición del gasto excesivo por parte de los representantes políticos busca salvaguardar los intereses de los ciudadanos y evitar la malversación de fondos públicos. Al establecer restricciones claras y específicas sobre cómo se pueden utilizar los recursos estatales, se promoverá una gestión responsable y prudente del dinero de los contribuyentes. Esto contribuirá a generar confianza en el sistema político y a fortalecer la democracia al asegurar que los fondos sean destinados a necesidades prioritarias, como la educación, la salud, la seguridad y el desarrollo económico.
Asimismo, al limitar la influencia de las ideologías políticas en la asignación de recursos, se fomentará la imparcialidad y se evitará la polarización en la toma de decisiones. Esto permitirá una distribución equitativa de los fondos y evitará la concentración de recursos en áreas específicas en función de las preferencias políticas. En cambio, se buscará una asignación basada en criterios objetivos y en el bienestar general de la población.
En resumen, la propuesta constitucional de prohibir el gasto de recursos por parte de los representantes políticos tiene como objetivo principal garantizar un uso responsable, transparente y eficiente de los fondos públicos. Esta medida contribuirá a fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema político y a promover una gestión más equitativa y centrada en las necesidades reales de la sociedad.
Esta es una propuesta de
Maximiliano Urzúa H.