La Constitución asegura a todas las personas:

El derecho al agua y al saneamiento, de conformidad a la ley. Es deber del Estado garantizar este derecho a las generaciones actuales y futuras.

Las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la Nación. En función del interés público el Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas para su uso, que podrán ser limitados en su ejercicio, de conformidad con la ley, con obligaciones específicas de conservación, justificadas en el interés público, la protección de la naturaleza y el beneficio colectivo, de conformidad con las reglas, temporalidad, requisitos y limitaciones que prescribe la ley. Estas autorizaciones, ya sean individuales o colectivas, no generan derechos de propiedad.

La Constitución asegura a todas las personas:

El derecho al agua y al saneamiento, de conformidad a la ley. Es deber del Estado garantizar este derecho a las generaciones actuales y futuras.

Prevalecerá su uso para el consumo humano y para el uso doméstico suficiente.