Iniciativa Nº 6.791: Agua para las comunidades y la naturaleza: desde el secano a la nueva Constitución
Nueva institucionalidad que regule el acceso al agua y su saneamiento, con perspectiva territorial y asegure la gestión comunitaria de cuencas
Tipo de propuesta
Modificación de Artículo Nº 16.29, Capítulo II: Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales
Propuesta de artículo
Artículo Anteproyecto
La Constitución asegura a todas las personas:
El derecho al agua y al saneamiento, de conformidad a la ley. Es deber del Estado garantizar este derecho a las generaciones actuales y futuras.
Prevalecerá su uso para el consumo humano y para el uso doméstico suficiente.
Argumentos que respaldan la propuesta
Chile registra una marcada heterogeneidad hídrica a lo largo del país. El cambio climático y la implementación de modelos de desarrollo sustentados en el uso intensivo de los recursos naturales, han propiciado un escenario de sequía y escasez hídrica con impactos sobre los sistemas de vida y sustento de la población.
Si bien el actual marco normativo declara el agua como un bien nacional de uso público, sus derechos de aprovechamiento no lo son, determinando así su carácter. Por ello, así como la disminución de precipitaciones explicara, en parte, la menor disponibilidad hídrica de las cuencas hídricas del país, el actual marco regulatorio explica las brechas de acceso al agua potable y saneamiento, especialmente en áreas rurales; para el año 2020 más de 1.4 millones de personas en Chile residen en una vivienda sin servicios sanitarios básicos, agua potable y/o baño (Compromiso País, 2020).
Este escenario constriñe el derecho de las comunidades de todo el país, y particularmente en el territorio Secano, a llevar una vida digna y gozar de bienestar y salud en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que asegure el disfrute, protección, restablecimiento y adecuada conservación del agua. Dada la escasez hídrica, existen múltiples conflictos de interés por el acceso al recurso, ya que se superponen las necesidades de consumo de agua potable de las localidades rurales con el desarrollo de diversas actividades económicas -como la agricultura, la agroindustria y la minería, por mencionar algunas-.
De este modo, el actual contexto sociopolítico ha centrado la discusión en cómo la nueva Constitución consagrará el aseguramiento de la sostenibilidad de la vida en sus múltiples dimensiones, donde el recurso hídrico cobra un rol fundamental. Específicamente, en lo que compete al agua, se deberán plantear una serie de principios y entramado de valores, derechos, deberes e institucionalidad que permitan la protección de este bien común, reconociendo los variados usos que tiene el agua en los territorios.
El Grupo de Investigación y Acción por el Agua (GIAA), es una organización que reúne a académicos, profesionales de ONG y dirigentes sociales de la zona del secano del país y que trabaja sobre las causas y efectos de crisis hídrica en los territorios. GIAA preparó una propuesta: Agua para las comunidades y la naturaleza: desde el secano a la nueva Constitución.
El proceso para esta propuesta fue facilitado por la Fundación Superación de la Pobreza y el Proyecto Activa Secano, cofinanciado por la Unión Europea.
Esta es una propuesta de
Fundación Superación de la Pobreza y Grupo de Investigación y Acción por el Agua Grupo de profesionales de ONG y dirigentes sociales de la zona del secano, que trabaja sobre las causas y efectos de crisis hídrica en los territorios
Representada por
Macarena Lladser N.