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Desde la llegada de los colonizadores españoles en 1540, el territorio de Chile ha experimentado cambios significativos en su organización política y administrativa. Antes de la colonización, diversas comunidades indígenas habitaban el territorio, cada una con sus propias costumbres y creencias. Con la llegada de los colonizadores, se establecieron las primeras organizaciones coloniales y se dividió el territorio en corregimientos.

Con el tiempo, se implementaron distintos sistemas de administración territorial para adaptarse a las circunstancias cambiantes del país. En 1786 se crearon las intendencias con el propósito de una mejor administración de la Capitanía General de Chile. Estas intendencias se dividieron en partidos y se mantuvieron durante el período de la independencia.

Tras la consolidación de la República independiente en 1817, se iniciaron los esfuerzos por establecer una nueva organización territorial que permitiera un desarrollo adecuado del país. La Constitución de 1817 reafirmó la existencia de las tres grandes intendencias: Santiago, Concepción y Coquimbo. Posteriormente, la Constitución de 1822 delimitó por primera vez el territorio chileno y derogó las intendencias, estableciendo la división en departamentos. Sin embargo, no se especificó la cantidad, las capitales ni los límites de los departamentos.

La Constitución de 1823 reestructuró la división política en seis departamentos, pero no definió los límites específicos en el territorio. Luego, en 1826, se establecieron ocho provincias, pero este intento federal no tuvo éxito y se volvió a un sistema unitario en 1828. Sin embargo, se mantuvieron las provincias como división político-administrativa de primer nivel y con el tiempo se fueron reestructurando y sumando otras nuevas, llegando a un total de 25 en 1974. Sin embargo, tras el golpe de Estado de 1973 se propuso una nueva división política del territorio, reemplazando las provincias por las regiones, divididas estas en nuevas provincias, sucesoras de los antiguos departamentos.

La Constitución de 1980 ratificó esta regionalización y estableció trece regiones en el país. La administración regional quedó en manos de un intendente designado por el presidente de la República. Aunque esta constitución no permitía la creación de nuevas unidades territoriales, se logró un consenso político en 2005 para permitir la creación de nuevas regiones.

Con el retorno a la democracia, surgieron demandas por recuperar la autonomía de antiguas provincias postergadas. Esto llevó al nacimiento de las regiones de Arica y Parinacota, Los Ríos y Ñuble, impulsadas por movimientos sociales y el deseo de una mejor distribución de recursos y políticas públicas.

Las divisiones político-administrativas son flexibles y evolucionan a lo largo del tiempo. Sin embargo, aún existen territorios que claman por autonomía y una mejor distribución de recursos. Es necesario considerar una nueva organización territorial que subsane estas demandas históricas,

Esta es una propuesta de

Representada por

Diego Grez C.