Artículo 16.14

La constitución asegura a todas las personas:

El derecho a la libertad de expresión. El Estado de Chile garantiza plenamente la libertad de imprenta, la libertad de reunión, la libertad de creación y la plena libertad de expresión de todos sus habitantes, en acuerdo con la ley y a lo suscrito y ratificado en las convenciones y tratados internacionales.

a) El Estado de Chile garantiza a cada uno de sus ciudadanos, la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los eventuales delitos, abusos y crímenes de odio que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado, y a los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado de Chile.

b) Toda persona natural o persona jurídica, ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en los términos y condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida. Este derecho a la rectificación será obligatorio por el solo ministerio de la ley, mediante sentencia judicial, mediante dictamen formal del Consejo Nacional Audiovisual y Digital, o de ocurrir una situación de estado de emergencia nacional u estado de catástrofe, mediante dictamen de la autoridad sanitaria competente y/o de la jefatura de la defensa nacional en funciones por razones de utilidad pública y accesibilidad gratuita a la información pública en situaciones que representen un serio peligro para la salubridad pública de la población y/o en una obstrucción grave al derecho a la salud y al derecho a la vida de todos los ciudadanos.

c) Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas, publicaciones impresas, servicios de televisión de libre recepción, radioemisoras y periódicos, en las condiciones y obligaciones que señale la ley y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado de Chile.

d) Las facultades de fiscalización en materia de concesiones para la operación de radioemisoras y señales de televisión, y del cumplimiento de los concesionarios en la operación de dichas concesiones, así como las facultades de licitar y otorgar las concesiones en la operación de radioemisoras y señales de televisión de libre recepción, serán de exclusiva competencia del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en conformidad a la Ley de Telecomunicaciones vigente a fecha de hoy. Asimismo, las facultades legales de fomento, difusión y financiamiento a las artes audiovisuales correspondientes a las instituciones creadas por la ley de la república 18.838, la ley de la república 19.132 y por la ley de la república 19.742 y otras leyes relativas a la materia, serán de exclusiva competencia del Consejo Nacional Audiovisual y Digital y del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, respectivamente.

e) Será materia de ley la unificación del sistema público de financiamiento y fomento a las artes audiovisuales. Habrá un Consejo Nacional Audiovisual y Digital de carácter autónomo y con personalidad jurídica, encargado de velar por el fomento, difusión y puesta en valor de las artes audiovisuales, de la regulación y operación del sistema de calificación para la exhibición de la producción cinematográfica y otras producciones multimedia, de la preservación y conservación del patrimonio bibliográfico de los archivos audiovisuales y sonoros de las frecuencias de libre recepción autorizadas, de la difusión de las artes audiovisuales, de las artes musicales, y de las culturas, las artes y el patrimonio en las frecuencias de televisión de libre recepción y operadoras digitales autorizadas, el cumplimiento de dicha difusión, la accesibilidad gratuita a toda la población de la información pública de utilidad pública emitida por la autoridad en situaciones de emergencia, estados de catástrofe y en emergencias sanitarias, el correcto cumplimiento de las garantías indicadas en el inciso b) por parte de las operadoras autorizadas y el correcto funcionamiento editorial de las frecuencias de libre recepción en los términos y condiciones señalados en la ley. Una ley institucional señalará la organización y demás funciones y atribuciones del referido consejo.

f) La ley en ningún caso podrá establecer un monopolio estatal sobre la propiedad y el control editorial de las frecuencias de libre recepción, las operadoras de servicios de telecomunicaciones y servicios de televisión y radioemisoras por subscripción, y los medios de comunicación social. El derecho a la libertad de expresión y la libertad de imprenta así como el acceso gratuito a la información pública es vital para el aseguramiento y construcción de una gobernanza en perspicacia.

La Constitución asegura a todas las personas:

El derecho a la libertad de expresión, información y opinión, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores por los delitos o abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a una ley de quorum calificado.

a) El Estado no puede restringir la libertad de expresión por vías directas o indirectas que impidan la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

b) Toda persona ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida.

c) Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener medios de comunicación social, cualquiera sea su plataforma, en las condiciones que señale la ley. El Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine, podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión.

d) La ley en ningún caso podrá establecer el monopolio estatal sobre los medios de comunicación social.

e) Habrá un Consejo Nacional de Televisión, autónomo y con personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación. Una ley institucional señalará la organización y demás funciones y atribuciones del referido consejo.

f) La ley regulará un sistema de calificación para la exhibición de la producción cinematográfica.