1. El estado regulará el uso del agua subterránea. Limitará y controlará el uso del agua subterránea, con objeto de recuperar los cauces naturales o artificiales de aguas superficiales.

2. A fin de recuperar las cuencas, proteger el medio ambiente y dar un uso equilibrado y justo a los recursos hídricos de la nación el estado podrá limitar por completo los permisos concedidos a particulares que explotan los recursos subterráneos si las aguas superficiales se ven afectadas por uso indiscriminado.

3. Los caudales permitidos a los usuarios como agua subterránea deben ser equivalente a los disponibles como agua superficial, según los derechos que el usuario haya adquirido o le correspondan.

4. En eventos de sequía, o según la autoridad lo estime, los caudales permitidos autorizados podrán ser disminuidos.

5. Mediante la ley el estado facultará a una institución para fiscalizar el uso del agua subterránea, esta institución controlará los caudales asignados a cada usuario, así también, limitará, castigará y sancionará el uso inadecuado si fuere necesario. Si un usuario ocupa mayores recursos que aquellos que les corresponde será sancionado. La misma institución calculará, mediante estudios técnicos, los volúmenes de agua subterránea disponible en las cuencas.