La Constitución asegura a todas las personas:

Nº 13: La libertad de conciencia, religiosa, de culto y el derecho de objeción de conciencia.

La libertad de conciencia y la libertad religiosa, en su núcleo esencial, comprenden el derecho a tener o no convicciones, una religión o creencias religiosas, a declararlas como abstenerse de hacerlo, a formar libremente la propia conciencia, mantener, cambiar o abandonar las que se profesaban, la de actuar o no conforme a las mismas y de manifestarlas, individual o colectivamente, mediante la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia, con plena inmunidad de coacción. La libertad religiosa incluye las espiritualidades y cosmovisiones de los pueblos originarios.

La libertad de culto, en su núcleo esencial, comprende la libertad de practicar en público o en privado, individual o colectivamente, actos de oración y de culto; recibir asistencia religiosa de su propia confesión; conmemorar sus festividades y celebrar sus ritos; observar sus días y tiempos considerados como sagrados en el desarrollo de su culto; recibir una sepultura digna, sin discriminación por razones religiosas; recibir e impartir enseñanza o información por cualquier medio y reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar, con alcance comunitario, las actividades religiosas de conformidad con el ordenamiento jurídico. Los templos, sus dependencias y lugares destinados exclusivamente para el culto estarán exentos de toda clase de impuestos y contribuciones.

Son titulares de estas libertades, los individuos, así como las entidades, grupos o comunidades religiosas.

Nadie puede ser obligado a actuar contra su propia conciencia o ser sancionado por negarse a actuar contra su conciencia. Son titulares del derecho de objeción de conciencia las personas naturales y las jurídicas con idearios éticos, filosóficos, morales, religiosos o políticos, esenciales a su identidad.

Las limitaciones a estas libertades y al derecho de objeción de conciencia, sólo serán las que prescriba la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden público, de la salud pública o la protección de derechos o las libertades de los demás, reconociéndose el derecho a los titulares de estas libertades, a una acomodación razonable en resguardo de las mismas.

Todas las entidades religiosas son iguales ante la ley y se les reconoce su derecho a igual trato de parte del Estado y su plena autonomía para el desarrollo de sus fines. El Estado puede establecer formas de colaboración con ellas en materias de bien común.

Los padres tienen el deber y el derecho preferente de criar y educar a sus hijos, según sus creencias y convicciones morales y religiosas y de elegir la educación que quieran para ellos, inclusive en la educación formal. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.

La Constitución asegura a todas las personas:

El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección.

a) Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a elegir que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

b) La libertad religiosa comprende el libre ejercicio del culto, la libertad de profesar, conservar y cambiar de religión o creencias, individual o colectivamente, para profesar y divulgar la religión o las creencias tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza, que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.

c) Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias. Aquellos destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones. Podrán celebrarse acuerdos de cooperación con ellas.