Iniciativa Nº 8.219: DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Para lograr una sociedad segura para todas y todos, la Constitución debe reconocer el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.
Tipo de propuesta
Modificación de Artículo Nº 16.02, Capítulo II: Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales
Propuesta de artículo
Artículo Anteproyecto
La Constitución asegura a todas las personas:
El derecho a la integridad personal, que incluye el derecho a la integridad física y psíquica. Nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y psíquica y a los demás derechos que esta Constitución establece. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella.
Argumentos que respaldan la propuesta
Si anhelamos seguridad para todas y todos, es indispensable prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres y las niñas. La futura Constitución es fundamental para revertir las cifras que hoy conocemos: en la última Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, realizada en 2019-2020, el 41,4% de mujeres entre 15 y 65 años, es decir, 2 de cada 5 mujeres, declaró haber vivido una o más situaciones de violencia a lo largo de su vida, ejercida por su pareja, ex pareja o algún familiar, violencia física, psicológica o sexual. El 46,9% señaló haber vivido violencia en espacios públicos.
En 2022 hubo 146.202 casos policiales por Violencia Intrafamiliar según la Ley VIF, de las cuales 108.744 (74,38%) tuvieron víctimas mujeres; 11.440 casos de abusos y otros delitos sexuales, con 89,52% de víctimas mujeres;, y 3.043 violaciones, el 89,8% correspondió a mujeres víctimas (CEAD, Min Interior 2023).
Estos son los casos que se hacen públicos a través de denuncias, pero son la punta del iceberg, si se consideran los datos de la encuesta. Son miles las que no denuncian.
Asimismo, durante el año 2022 se registraron 43 femicidios consumados, 178 frustrados (MMyEG), y 6 suicidios femicidas (Red de Violencia). Este año 2023 llevamos 18 femicidios consumados y 99 frustrados (MMyEG). Muchas de las víctimas habían denunciado e incluso tenían medidas cautelares de protección.
La explicación a esta cruda realidad que viven tantas mujeres en nuestro país está en la idea que aún prevalece en nuestra cultura de la superioridad o autoridad masculina sobre las mujeres, la que se asentó por décadas en un Código Civil de 1855, que establecía la obligación de obediencia de la mujer al marido, modificado recién en 1989. De ahí la idea del derecho a “castigar” a la mujer que ejercen miles de hombres. Las consecuencias son graves no sólo para las mujeres, sino para los hijos, hijas, la familia y la sociedad, porque se naturaliza la violencia, se reproducen los modelos que desconocen el derecho a la integridad y la libertad personal, que violan los derechos humanos de las mujeres.
Desde 1990 Chile viene legislando para poner fin a estas conductas y prácticas. Son numerosas las leyes que penalizan la violencia hacia las mujeres y las niñas en sus distintas formas. También las campañas y programas para prevenir la violencia y atender a las víctimas. Sin embargo, las cifras se mantienen y agravan a lo largo de los años.
La Constitución es fundamental para consagrar el derecho de las mujeres y niñas a una vida sin violencia y reforzar el rol del Estado en la prevención, atención, eliminación y sanción de una práctica que cruza todos los sectores sociales y que tiene consecuencias sociales que traspasan las generaciones.
Queremos que toda la sociedad diga “No a la violencia”, por eso proponemos agregar el derecho a una vida libre de violencia de mujeres y niñas, en el artículo 16.
Esta es una propuesta de
Plataforma Nada Sin Nosotras Es un espacio de articulación para promover la participación y ciudadanía activa de las mujeres en el proceso constituyente y en la agenda legislativa.
Representada por
Camila Maturana K.