Iniciativa Nº 8.303: Derecho a una Vivienda Digna y Adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria.

Vivienda Digna que contemple los atributos para asegurar su goce universal y oportuno

Esta propuesta cuenta con

544 Apoyos de la Ciudadanía

Caracterización

Ya no se aceptan más apoyos

Tipo de propuesta

Modificación de Artículo Nº 16.28, Capítulo II: Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales

Propuesta de artículo

Artículo Anteproyecto

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Argumentos que respaldan la propuesta

En las últimas cinco décadas, sin una norma constitucional que consagre el derecho a la vivienda, la magnitud de la problemática habitacional sólo se ha acrecentado, ni el Estado, ni sus distintos gobiernos han contado con herramientas suficientes que permitan reducir el déficit habitacional de los sectores más vulnerados; esta crisis nos obliga hoy a consagrar este derecho fundamental. La magnitud es tal, que alcanza un universo de 6.600.000 personas, esto equivale al 33,5% de la población, desglosado en 20.000 personas viviendo en carpas en la calle; 286.000 personas viviendo en campamento; un déficit cuantitativo que afecta a 1.750.000 personas; y un déficit cualitativo que afecta a 4.500.000 personas.

Se suma a esta problemática el creciente déficit urbano, expresado en ciudades desiguales, segregadas espacial y socialmente, con conocidas carencias en; cobertura de áreas verdes; infraestructura de transporte público; movilidad peatonal en ciudades; cobertura digital; de servicios y equipamientos, entre otros déficits. Esta problemática se ha producido, por la implementación de un sistema subsidiario de acceso a la vivienda combinado con políticas de ahorro y crédito hipotecario con fuerte predominio del mercado inmobiliario y la banca privada por sobre la necesaria acción del Estado. Esta crisis es fruto de la especulación del suelo, producto de políticas neoliberales que entregan al mercado la determinación del precio y el acceso a este bien fundamental para la vida y al abandono de parte del Estado de sus obligaciones para con los habitantes del país. Esta problemática afecta a trabajadores formales e informales, a mujeres precarizadas, a adultos mayores pauperizados, a sectores medios, a técnicos y profesionales que comienzan su vida laboral y que aspiran a superar su condición de allegados, de arrendatarios o habitantes de una vivienda precaria.

La nueva Constitución tiene el mandato de corregir situaciones de injusticia, inequidad y abuso en el marco de garantizar el derecho a la Vivienda Digna con perspectiva de género, al mismo tiempo de delinear un futuro de mayor justicia social y la disminución de los femicidios y la violencia contra las mujeres, la niñez y las disidencias sexo genéricas en el campo y la ciudad. El estado de Chile garantizará el derecho humano e inalienable a la vivienda digna y adecuada en los distintos ciclos de vida, que permitan el desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria, con inclusión, pertinencia cultural y pertenencia territorial, más ciertos atributos basados en el buen vivir. Este nuevo estándar de la vivienda en Chile para el siglo XXI, implica que debe contar, a lo menos, con espacio suficiente para que los niños y las niñas puedan jugar, hacer tareas, estudiar, para el desarrollo de las labores reproductivas y espacios comunitarios para colectivizar estos trabajos; es decir, espacio suficiente para la producción y la reproducción de una vida digna

Esta es una propuesta de

Arquitectas y Arquitectos por un Chile Digno Movimiento social formado por Arquitectos con presencia en todas las regiones del país y extranjero, parte de las luchas sociales del pueblo chileno contra sistema neoliberal  

Representada por

Víctor Gálvez A.