Reemplazar el artículo 16.25 por el siguiente:

Artículo 16.25

La Constitución asegura a todas las personas los siguientes derechos y libertades fundamentales laborales y sindicales:

El derecho al trabajo decente y digno, a su libre elección y libre contratación, debiendo el Estado desarrollar políticas públicas para que las personas accedan a este y cuente con mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas. El Estado debe considerar la dimensión de género del trabajo, garantizando la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres.

a) El derecho al trabajo decente y digno comprende el acceso a condiciones laborales equitativas, la seguridad y salud en el trabajo, así como a una remuneración justa, al descanso y la desconexión digital, con pleno respeto de los derechos fundamentales de las y los trabajadores en cuanto tal. La ley establecerá las condiciones para el ejercicio de este derecho.

b) Se prohíbe el despido arbitrario y cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. Asimismo, se garantiza la igualdad salarial por trabajo de igual valor y mismas funciones, especialmente entre hombres y mujeres, de conformidad a la ley.

c) Ninguna clase de trabajo está prohibida, salvo el trabajo infantil y aquellos que una ley declare opuestos a la seguridad, a la salubridad pública, o al interés de la Nación.

Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos. La ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas.

d) El Estado reconoce el trabajo doméstico y de cuidados como socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y su contribución a las cuentas nacionales. El Estado generará políticas públicas para la conciliación de la vida laboral personal y familiar, promoviendo la corresponsabilidad social y de género.

Reemplazar el artículo 16.26 por el siguiente:

Artículo 16.26

La Constitución asegura a todas las personas:

La libertad sindical. Esta comprende el derecho a la sindicalización, a la autonomía sindical a la negociación colectiva y a la huelga.

a) El derecho a la sindicalización comprende la facultad de los trabajadores para constituir organizaciones sindicales y afiliarse a la de su elección, en cualquier nivel, de carácter nacional e internacional y de ejercer en dichas organizaciones la adecuada autonomía para dar cumplimiento a sus fines propios, de conformidad a la ley.

b) Nadie puede ser obligado a afiliarse o a desafiliarse de una organización sindical. Los trabajadores gozarán de una adecuada protección en contra de los actos de discriminación antisindical.

c) El derecho a la autonomía sindical es el derecho de las organizaciones sindicales de constituirse, reglamentarse y ejercer sus funciones sin limitaciones, restricciones ni injerencias.

Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en conformidad a la ley.

d) Las organizaciones sindicales tendrán derecho a la negociación colectiva en el establecimiento, la empresa, grupo de empresas, faena, rama o sector de la actividad económica, conforme a los procedimientos que consagre la ley. Corresponderá a cada organización sindical elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación.

e) El Sindicato será el único titular de la representación de las y los trabajadores en el ámbito de sus funciones.

f) La Constitución garantiza el derecho a huelga de las y los trabajadores para la defensa de sus intereses laborales. La ley no podrá establecer limitaciones o restricciones a la huelga, salvo servicios esenciales de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la vida y a la seguridad de las personas. Se prohíbe toda acción que limite o restrinja este derecho, especialmente el reemplazo de trabajadores en huelga o de la empresa contratista o subcontratista cuyos trabajadores están en huelga.

g) Los funcionarios públicos serán titulares de los derechos que comprende la libertad sindical en conformidad a la ley.

h) No podrán sindicalizarse, negociar colectivamente ni ejercer el derecho a la huelga quienes integren las fuerzas de orden y seguridad y las fuerzas armadas.