Iniciativa Nº 9.767: Derecho a la conectividad digital
El Estado debe garantizar el acceso y la conectividad digital, especialmente en establecimientos educacionales
Tipo de propuesta
Modificación de Artículo Nº 16.22, Capítulo II: Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales
Propuesta de artículo
Artículo Anteproyecto
La Constitución asegura a todas las personas:
El derecho a la educación.
a) La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida, en el contexto de una sociedad democrática.
b) La educación se rige por los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad, no discriminación y los demás que disponga la ley. El Estado tiene el deber ineludible de fortalecer la educación en todos sus niveles y fomentar su mejoramiento continuo, ejerciendo labores de promoción, regulación y supervigilancia. Los establecimientos educacionales creados o reconocidos por el Estado deberán cumplir estándares básicos y uniformes, de conformidad a la ley.
c) Es deber del Estado promover la educación parvularia, para lo que financiará y coordinará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a este y a sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica.
d) La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar y coordinar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media la obligatoriedad se extenderá hasta cumplir los veintiún años de edad.
e) La asignación de los recursos públicos deberá seguir criterios de razonabilidad.
f) El Estado deberá crear, sostener y coordinar una red nacional de establecimientos educacionales pluralista en todos los niveles de enseñanza.
g) Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. Asimismo, corresponderá al Estado asegurar la calidad de la educación en todos sus niveles y fomentar la formación cívica, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.
h) Los profesores son parte esencial del esfuerzo educativo de la Nación. Es deber del Estado y de toda comunidad educativa promover el desarrollo profesional y respeto de los docentes.
Argumentos que respaldan la propuesta
La resolución del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas del 27 de junio de 2016 reconoció el acceso a Internet como un derecho humano básico, promoviendo a los Estados realizar todos los esfuerzos a través de políticas públicas que permitieran cerrar las denominadas "brechas digitales" (ref 1). Por su parte, el Informe sobre tecnología e Información de 2021 (ref 2) del mismo organismo advierte acerca del potencial de las tecnologías digitales de aumentar las desigualdades sin las políticas adecuadas que garanticen a toda la ciudadanía un goce equitativo del progreso tecnológico (ref 1 ONU. 2016. Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet. A/HRC/32/L.20 en https://undocs.org/es/A/HRC/32/L.20 y ( ref 2) https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020overview_es.pdf
En Chile no existe un consenso en datos actualizados que permitan dimensionar el alcance y magnitud de la brecha digital de acceso, que se ha hecho más visible en el período de crisis sociosanitaria de la pandemia de COVID 19 pero la evidencia de distintos estudios en la última década señala que esta aumenta dependiendo de la zona geográfica, estrato social, grupo etario y género, entre otros.
Si bien la llamada "brecha digital" no se refiere solo a la cuestión de contar o no con acceso a una conexión digital o a los dispositivos, sino que se refieren a dimensiones de las brechas sociales ya existentes (ej condición socioeconómica, competencias), se sigue considerando como una dimensión estratégica, la falta de acceso universal y equitativo a las infraestructuras materiales e intangibles, a los dispositivos tecnológicos y a la conectividad y accesibilidad digital
Es de gran necesidad que Chile establezca en su constitución el derecho al acceso y a la conectividad Digital que puerta de entrada para otros derechos sociales fundamentales en una sociedad digital, que está dependiendo y avanzando hacia procesos de transformación digital, desde el estado al trabajo.
En especial en el acceso al derecho a la educación, tal como lo demostró la crisis del COVID19, en la medida que para realizar clases, capacitaciones y procesos formativos online o remotas se requiere contar con esta conectividad. Estos principios deben incluir el desarrollo de infraestructuras de telecomunicación, así como el acceso a los aparatos tecnológicos, como la conectividad a internet, la accesibilidad, es decir, que toda persona sin importar sus habilidades, capacidades u otras características tenga el mismo nivel de acceso al mundo digital y que no exista ningún impedimento ni diferencia social, territorial o de carácter técnica.
Además, esta realidad va cambiando según las diferentes realidades socioeconómicas:
Datos del Banco Interamericano de Desarrollo ( ref 3 BID, 2020 2021 ref https://publications.iadb.org/es/diagnostico-sobre-las-brechas-de-inclusion-digital-en-chile), indican que mientras la población urbana en Chile cuenta con un 8
Esta es una propuesta de
Internet Society Capítulo Chile ISOC Chile es el capítulo nacional de Internet Society, organización global que promueve el acceso a Internet y tecnologías para todas las personas de manera segura, accesiible y abierta. Somos una comunidad que reúne a personas, organizaciones e instituciones de la sociedad civil, academia, área técnica, sector público, y cualquier otro espacio ciudadano que desee aportar al desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de Internet en Chile
Fundación Wimedia Chile es el capítulo chileno de la Fundación Wikimedia. Impulsa el acceso al conocimiento abierto y difusión de contenidos colaborativos, el uso de Wikipedia y sus recursos a través de diferentes comunidades que habitan el territorio nacional.
Representada por
Patricia Peña M.